Argentina apelará el fallo en su contra por el caso YPF

La República Argentina notificó formalmente a la justicia de Nueva York la decisión de apelar el fallo emitido contra el país por el caso de la nacionalización de YPF, que obliga a la Argentina a pagar una indemnización de 16 mil millones de dólares a Burford Capital y Eton Park, los demandantes de la causa.

Actualmente, las partes se encuentran a la espera de que la jueza a cargo de la causa, Loretta Preska, defina a partir de cuándo tendría efecto la sentencia formulada el pasado 15 de septiembre. A inicios del mes de octubre, tanto la Argentina como las partes demandantes enviaron cartas con sus posiciones respecto a cuándo debera entrar en efecto el fallo emitido.

Los fondos demandantes solicitaron que el fallo entre en vigencia a partir del 16 de octubre, 30 días deespués de emitida la sentencia. Al respecto, la Argentina consideró que Burford Capital y Eton Park no respetaron "un período razonable", que a su criterio es la duración de todo el proceso de la apelación.

A principios del mes, Burford Capital reclamó a Preska que habilite la posibilidad de embargar bienes argentinos en el exterior a partir del 16 de octubre. Para evitar esa medida, se exigió que la Argentina deposite de manera preventiva ante el juzgado de Preska una garantía equivalente al monto total del fallo, que asciende a US$ 16.000 millones.

La defensa argentina, representada por el estudio Sullivan & Cromwell, aseguró que no podría realizar tal pago actualmente, ya que el desembolso generaría "daños irreparables a la población que sufre de alta inflación causada por una sequía sin precedentes".

En primer lugar, el país expresó que "existe una clara barrera legal para la República" , ya que, "según la ley, los únicos pagos que el gobierno argentino puede hacer en el año en curso son aquellos incluidos en el presupuesto aprobado por el Congreso Nacional para el año".

Y, como la "sentencia que está sujeta a apelación no es definitiva y no puede ser presupuestada" por lo que no puede avanzar para financiar un bono o comenzar a pagar la sentencia”.

Los abogados que representan al Estado argentino adujeron también que "la sentencia de US$16.100 millones representa una cantidad equivalente a casi el 20% de la Presupuesto federal de la República para 2023. El pago de tal proporción del presupuesto de un país no es posible para cualquier gobierno en el cronograma propuesto por los demandantes", consideraron.

En segundo lugar, "incluso si fuera legalmente posible (y no lo es) garantizar una fianza acercarse al tamaño de la sentencia de $16.1 mil millones o comenzar a pagar la sentencia es una imposibilidad práctica dadas las circunstancias financieras actuales de la República. Muy simple, no existen fuentes de financiamiento para financiar una cantidad cercana a la sentencia en este ejercicio fiscal"..

A la vez, los abogados citaron al al FMI, que "estimó recientemente que el Banco Central de la República tiene un saldo casi negativo de 10.000 millones de dólares en reservas internacionales netas" y que bajo el marco del acuerdo rubricado con el organismo multilateral, la Argentina tampoco puede pedir prestado fondos para asegurar una fianza.

Así , explicaron que "actualmente no tiene la capacidad de emitir deuda pública en los mercados internacionales de capital, y tiene una calificación CCC- (negativa) de S&P", con lo que la República "no sería capaz de absorber financiamiento neto adicional de la magnitud requerida para pagar el monto de la Sentencia".

En tercer lugar, "incluso si fuera posible legal y prácticamente asegurar de alguna manera una fianza comenzar a pagar la sentencia, hacerlo impondría un daño grave e irreversible a un argentino población que ya sufre una alta inflación y las consecuencias económicas adversas de una sequía grave y sin precedentes."

Además, argumentaron que, si se efectuara un eventual pago a los acreedores antes de finalizar el juicio completo y la Argentina logra revertir su situación "será difícil, si no imposible, rastrear y recuperar esos fondos si la Corte revoca la sentencia, en su totalidad o en cualquier parte sustancial".