Potenciar Trabajo: con la suspensión de titulares el Gobierno ahorrará $2.500 millones

La ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, destacó que casi el 90% de los beneficiarios del programa Potenciar Trabajo validó su identidad y por lo tanto seguirá percibiendo el beneficio, mientras que sólo el 11% está sujeto a “ser suspendido” de recibir ese acompañamiento del Estado a partir del mes de febrero.

Los resultados surgen de una auditoría que llevó adelante el Gobierno sobre el programa Potenciar Trabajo, la cual se enmarca en la política de orden fiscal que forma parte del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). La entidad reclama que el gasto social sea “focalizado”.

“Se requiere mejorar la calidad y la focalización del gasto social”, reiteró el FMI en la última evolución de la economía argentina. Además, destacó que “se está desarrollando una nueva estrategia para fortalecer la focalización de los programas de apoyo a los ingresos”, lo cual debería completarse en marzo de 2023, según el cronograma pactado entre el Gobierno y el organismo.

Este lunes, la ministra Tolosa Paz dio a conocer en una conferencia de prensa desde la Casa Rosada los resultados de la auditoría rápida que se realizó sobre todos los beneficiarios del Potenciar Trabajo, cuyo objetivo era excluir a los beneficiarios no elegibles.

Los beneficiarios contaron con un período de 60 días para validar sus datos personales. Concluido este período, Tolosa Paz aseguró que su gestión cuenta ahora con “más certezas que dudas” sobre las personas que integran el padrón, a la vez que garantizó que los esfuerzos estarán destinados “a la población más vulnerables, a los jóvenes, a quienes demostraron gran interés en continuar educándose o formándose laboralmente y a las mujeres”, que constituyen el 67% del total de los inscriptos.

En los últimos 60 días 1.210.571 personas validaron su identidad, es decir, el 88,7% de los registrados en el Potenciar Trabajo, destacó Tolosa Paz. De este total, el segmento más grande está conformado por jóvenes de 18 a 39 años (39,1%).

La funcionaria marcó como prioridad que esos jóvenes "encuentren una salida a partir de la oferta educativa" o en la continuidad de un "camino de formación laboral", que establezca "qué quieren y qué saberes y experiencias tienen", a partir del programa Fomentar y de los centros de articulación de políticas del ministerio.

Luego de la auditoría, 154.441 personas (el 11% de los beneficiarios del programa) está sujeto a “ser suspendido” cuando se concrete el pago correspondiente a enero, a menos que inicie una “instancia de reclamo” abierta por el ministerio para tal fin, destinada a los beneficiarios que se hayan visto impedidos de acreditar sus datos. De todos modos, cobrarán en febrero el 50% del monto correspondiente a enero, mientras se transita la instancia de reclamo.

De este modo, el impacto fiscal de suspender a 154 mil beneficiarios es de “más de 2.500 millones de pesos”, aportó, aunque estimaciones privadas elevan la cifra a $75 mil millones anuales, casi el 0,1% del PBI, en caso de que la totalidad de estos beneficiarios terminen resultando excluidos.