La inflación de este año sería del 66% y el crecimiento del PBI del 2%

La consultora Sarandí, dirigida por Sergio Chouza, estimó para el 2023 una inflación anual del 66%, un crecimiento del Producto Bruto Interno del 2%, un aumento de las reservas por más de 5.100 millones de dólares y un déficit fiscal del 1,9%, lo que le permitiría cumplir las metas pactadas con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

El director de la consultora, Sergio Chouza, indicó que el principal reto que tendrá el Gobierno será administrar el stock y flujo de dólares para conciliar las necesidades importadoras del sector productivo y los desafíos del frente cambiario y financiero del año, que por su característica electoral percibirá un incremento de la demanda de divisas.

En ese sentido, Chouza explicó que "de alguna manera hay un juego de manta corta, en el cual el Gobierno va a tener que ir viendo mes a mes dónde posicionarse entre ceder un poco más a los importadores y, por otro lado, no descuidar la acumulación de reservas".

"Las reservas, además de cumplir el objetivo fijado con el FMI, también te sirven para mostrar solidez y tener menores riesgos de un cimbronazo de crisis financiera o de ruido en los mercados. Si vos en marzo o abril consolidás US$ 3.000 o US$ 4.000 millones en las reservas es muy difícil que haya poder de fuego en el mercado como para correrte", agregó.

Respecto al crecimiento de la economía, el informe de la consultora señaló que "El ritmo productivo este año va a estar estrictamente ligado a la disponibilidad de dólares, y esto fuertemente vinculado a los resultados de la cosecha gruesa del segundo trimestre".

Además, agregó que "conforme vaya avanzando el flujo de liquidación de dólares se abrirá la posibilidad de flexibilizar controles a las importaciones, a expensas de una mayor velocidad de acumulación de reservas internacionales. De otro modo, una posición más robusta del BCRA ayudaría a despejar eventuales ruidos financieros y ganar solidez para afrontar movimientos disruptivos en los meses de tensión política".

De esta forma, se plantea un dilema ya que "un aliento excesivo a la actividad económica puede restar poder de fuego para hacer frente a presiones especulativas pero, a su vez, una producción menos vibrante puede deteriorar el empleo y la recuperación salarial". A este punto se agrega el factor inflacionario, que en la consultora estiman del 66% anual. La necesidad de bajar la inflación puede entrar en conflicto con los niveles de actividad y empleo, así como dar potencia a la actividad económica puede causar una aceleración en la suba de precios.

En este sentido, el informe sostuvo que "la dimensión política hace pensar que el Gobierno priorizará descomprimir la trayectoria de precios, para conservar algo de competitividad electoral. Esto no significa forzar una recesión, pero sí allanarse a una nueva velocidad de crecimiento".

"La variable que puede ser perceptible para el común de la ciudadanía es el bolsillo, en cambio la medición de si se crece un punto más o uno menos en el PBI es una diferencia que solo podemos tener en cuenta los economistas. La valoración mayoritaria es que la economía ya se recuperó en términos productivos y hoy la urgencia es la inflación", sostuvo Chouza.

Consultado sobre los factores que harían que la inflación baje del 94,8% registrado en 2022 al 66% estimado para el 2023, Chouza indicó que "creemos que se han pinchado varios de los factores explicativos de la inflación del año pasado, como el efecto de precios internacionales y las inconsistencias políticas que mostraba la coalición gobernante".

"Hoy tenés un ministro de Economía con mucha más muñeca política y capacidad de diálogo con diferentes actores productivos y representantes de los trabajadores, lo que favorece alinear la puja distributiva en un espiral descendente", agregó el economista.