El Gobierno estudia cambiar la Ley de Alquileres

El Gobierno estudia la posibilidad de suspender la Ley de Alquileres vigente, la cual entró en vigencia en julio de 2020, a partir de un encuentro entre el presidente Alberto Fernández y el ministro de Economía, Sergio Massa.

Ante esta posibilidad, Mariano García Malbrán, presidente de la Cámara de Empresas de Servicios Inmobiliarios (Camesi), indicó que para tomar una medida de este tipo se debería detallar “el procedimiento a seguir en los contratos vigentes con la nueva ley y los que se firmen de aquí en adelante con la ley ya suspendida”.

"Desde el Ministerio de Economía analizan este plan: contratos vigentes se sigue aplicando la ley actual recientemente suspendida, ya que las cláusulas del contrato de locación fueron negociadas y consensuadas con dicha ley", sostuvo García Malbrán.

A su vez, consideró necesario que "los contratos que se firmen de aquí en adelante, mientras no se dicte una nueva norma, se rijan por la antigua ley de alquileres; en este supuesto se podrá fijar un mínimo plazo contractual de dos años y la actualización podrá ser negociada libremente por las partes".

Por su parte, desde el Colegio Profesional Inmobiliario (CPI), aseguraron que "celebramos que la necesidad de poner un punto final a la aplicación de la norma (que tanto daño hizo a la sociedad y nuestro sector) se encuentre entre las prioridades del Gobierno, pero sostenemos que el cambio debe darse siguiendo todas las formalidades".

En este sentido, indicaron que la ley de alquileres “debe cambiar, pero no de cualquier manera”.

En la misma línea, consideraron que suspender la ley a través de un decreto “necesariamente tendría visos de inconstitucionalidad”, ya que implicaría que el Poder Ejecutivo se reservaría la posibilidad de suspender una normativa votada por el poder Legislativo.

"Esto generaría una sensación de inseguridad jurídica e incertidumbre aún mayor a la que ya sufrimos, lo cual afecta a toda la actividad económica, pero especialmente a las inversiones inmobiliarias y de la construcción", explicaron desde la entidad inmobiliario.

Por eso, solicitó que se traduzca "no en un acto intempestivo por parte del Poder Ejecutivo, sino en la búsqueda de consensos".

"La intervención estatal en el mercado de alquileres ha sido y es un error que la sociedad viene sufriendo desde hace casi tres años; pero no se puede solucionar una equivocación con otra; el Estado cuenta con las herramientas correctas para saldar la injusticia que ha generado, y debe recurrir a ella en lugar de embarcarse en aventuras de dudosa legalidad", completó.